Canal de denuncias: a qué empresas obliga la Ley 2/2023
La ley de protección del informante obliga a muchas empresas a tener un canal de denuncias. No basta con un buzón de correo.
Quién está obligado
Las empresas con 50 o más trabajadores, las que operan en ámbitos como los servicios financieros o la prevención del blanqueo con independencia de su tamaño, los partidos políticos, sindicatos y fundaciones que gestionan fondos públicos, y el sector público.
Qué debe garantizar el canal
Confidencialidad de la identidad del informante, posibilidad de comunicaciones anónimas, acuse de recibo en siete días, respuesta en un plazo máximo de tres meses y un responsable del sistema designado por el órgano de administración. Están prohibidas las represalias contra quien informa de buena fe.
Qué riesgos tiene no cumplir
Las infracciones muy graves se sancionan con multas de hasta un millón de euros para las personas jurídicas. Además, un canal eficaz forma parte de un buen modelo de compliance penal, que puede eximir de responsabilidad a la empresa.
¿Está en esta situación?
Cada caso tiene matices. Cuéntenos el suyo y le diremos qué hacer, con un presupuesto cerrado.
Preguntas frecuentes
¿Puede gestionarlo un tercero externo?
Sí. La gestión de la recepción puede externalizarse, pero la responsabilidad sigue siendo de la empresa.
¿Sirve para denuncias de acoso laboral?
El canal puede integrarse con los protocolos de acoso, pero conviene diseñarlo para que no se solapen los procedimientos.
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