Estafa y estafa informática
Defensa y acusación. Analizamos si hubo engaño bastante y anterior al perjuicio, que es lo que separa la estafa de un simple incumplimiento contractual.
En los delitos económicos la prueba es documental y contable. Unimos defensa penal y análisis pericial de las cuentas para discutir el caso donde se decide: en los números.
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Defensa y acusación. Analizamos si hubo engaño bastante y anterior al perjuicio, que es lo que separa la estafa de un simple incumplimiento contractual.
Conflictos entre socios, gestores y mandatarios que han dispuesto de bienes o fondos ajenos.
Defensa frente a investigaciones por blanqueo y asesoramiento a sujetos obligados en materia de prevención.
Fraude fiscal y a la Seguridad Social, regularización voluntaria y defensa frente a la denuncia de la Agencia Tributaria.
Alzamiento de bienes, insolvencias dolosas y frustración de la ejecución.
Modelos de organización y gestión que pueden eximir o atenuar la responsabilidad penal de la persona jurídica.
Antes de responder, estudie su situación. Una regularización completa antes de que se le notifique el inicio de actuaciones puede excluir la responsabilidad penal.
art. 305.4 CPPrimera valoración: escuchamos, revisamos la documentación y le decimos con franqueza qué opciones tiene y cuáles no.
Le entregamos por escrito la hoja de encargo con el alcance del trabajo y los honorarios. Sin sorpresas ni costes ocultos.
Trazamos la estrategia jurídica, la ejecutamos y le informamos de cada paso del procedimiento en un lenguaje claro.
En la estafa el engaño existe desde el principio y provoca el acto de disposición. Si la intención de cumplir era real y el incumplimiento llega después, el conflicto suele ser civil. Esta distinción decide muchos procedimientos.
Cuando la cuota defraudada supera los 120.000 € por concepto impositivo y periodo. Por debajo de esa cifra, la conducta se sanciona por la vía administrativa de la Ley General Tributaria.
Sí, en los delitos que lo prevén expresamente. Un modelo de compliance implantado y eficaz antes de los hechos puede eximir de responsabilidad o atenuarla.
La ley fija un plazo de doce meses desde la incoación, prorrogable por periodos iguales cuando el juez lo justifica. En causas complejas, la estrategia debe planificarse para ese horizonte.
Las primeras horas de una detención condicionan todo el procedimiento. Esto es lo que dice la ley y lo que conviene hacer.
Una denegación no es el final del expediente. Pero los plazos son cortos y se cuentan de una forma concreta.
El tiempo es el factor decisivo. Lo que se haga en las primeras 48 horas multiplica las posibilidades de recuperar el dinero.
Le responderemos en el plazo de un día laborable. Si es urgente, por ejemplo una detención o un plazo que vence, escríbanos por WhatsApp.